Aldeas Infantiles presentó su investigación “Acróbatas sin red” sobre egreso, discapacidad y salud mental

El 30 de julio, en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, Aldeas Infantiles presentó la investigación Acróbatas sin red. El egreso de jóvenes en situación de discapacidad o con trastornos asociados a la salud mental del Sistema de Protección Integral de 24 horas no especializado. Referentes institucionales, políticos y de la academia destacaron los hallazgos de la investigación, a la vez que plantearon la necesidad de políticas orientadas al egreso y la urgencia de adaptar el Sistema de Protección a las necesidades de los/as participantes. 

Además de autoridades y representantes de la organización, el evento contó con la participación del vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes, la directora de INJU, María Eugenia Godoy, el diputado Carlos Rydström, la representante de Unicef Lucía Vernazza, la especialista en psiquiatría pediátrica Magdalena García Trovero y el investigador Diego Silva.

Para la directora nacional de Aldeas Infantiles, Verónica Burstin, “ser joven o adolescente no es fácil” pero “ser joven o adolescente pobre, sin el cuidado familiar, en situación de discapacidad o con algún aspecto relacionado a la salud mental, es aun más difícil”.

Burstin señaló en su exposición que los egresos de los/as jóvenes tienen una “ausencia de red” y llamó a los representantes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los equipos técnicos a responsabilizarse y “tejerla” para proporcionar contención. Además, expresó que luego de la salida del Sistema de Protección, se registran casos de jóvenes que terminan expuestos/as a vulneraciones, abusos, explotación, situación de calle o carecen de la atención correspondiente si poseen trastornos asociados a la salud mental.

Para quienes han vivido largos períodos de institucionalización, el egreso supone múltiples desafíos. Al cumplir 18 años, los/as jóvenes deben enfrentarse a una vida autónoma y autosuficiente, independientemente de si cuentan o no con los recursos y la preparación necesaria. Para la población abordada en el estudio, este proceso presenta dificultades adicionales, al punto de que su egreso con autonomía puede verse comprometido.

 El vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes, celebró poder contar con esta investigación, que “visibiliza una temática que no está en el centro de la discusión de la política pública”, y valoró que haya sido Aldeas Infantiles la organización que lideró el estudio, por su trayectoria y su capacidad de adaptarse a nuevos paradigmas en favor de las infancias y adolescencias.

Fuentes advirtió sobre la necesidad de reformar tanto el Sistema de Protección Especial como el Sistema de Protección Especializado. El primero comprende los centros de INAU con atención 24 horas, donde residen niños, niñas y adolescentes por disposición judicial tras haberse constatado una vulneración de sus derechos. El segundo está orientado a ofrecer servicios especializados para atender requerimientos de cuidado específicos, como demandan la discapacidad o los trastornos relacionados con la salud mental.

Entre los desafíos a superar, el vicepresidente del instituto señaló las dificultades en la recolección de datos y en la capacidad institucional de responder a la demanda de tratamientos específicos de salud mental, así como la falta de cupos.

Por su parte, la directora del INJU Eugenia Godoy sostuvo que “hay emancipaciones que son forzadas” y deben recibir el acompañamiento de las instituciones.

En ese sentido, actualmente hay un proyecto de ley liderado por el diputado Carlos Rydström bajo estudio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que contempla la participación de diversos organismos para dar respuesta a esta problemática. 

El proyecto prevé un acompañamiento de equipos técnicos, así como un apoyo económico para quienes se independizan del Sistema de Protección. Según el legislador, la iniciativa podría “cubrir el vacío normativo que hoy existe” y “universalizar el derecho a un egreso acompañado”.

Los hallazgos y las recomendaciones

En el marco del Mes de las Juventudes, y en un contexto en el que resulta impostergable el intercambio en la materia, la investigación de Aldeas Infantiles permite contar con nuevas aristas para el análisis y la elaboración de propuestas sobre una problemática compleja y sostenida.

El estudio es producto de un trabajo colectivo desarrollado por Aldeas Infantiles SOS Uruguay, la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en colaboración con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Se trata también de la continuidad de un proceso iniciado por Aldeas Infantiles en 2016 con la publicación de la investigación El egreso de adolescentes y jóvenes del Sistema de Protección.

Pablo Perlaza, coordinador nacional de Juventud y Participación de Aldeas Infantiles e integrante del equipo de investigación, explicó que se requirió una triangulación de datos entre cifras oficiales de INAU, información relevada de los distintos centros del Sistema de Protección y las perspectivas de los/as jóvenes.

Actualmente, el 54 % de los/as participantes del Sistema de Protección son adolescentes y jóvenes. En promedio, 997 jóvenes mayores a 16 años son atendidos/as cada año en el Sistema de Protección Especial, mientras que 397 en el Sistema de Protección Especializado. En el primer sistema pueden permanecer como máximo hasta los 20 años, mientras que en el segundo, el egreso puede llegar a postergarse hasta los 22, aunque esto se da en casos casi excepcionales, de acuerdo al investigador.

Perlaza indicó que se detectó una preponderancia del cuidado residencial en centros de acogida por sobre las alternativas de cuidado familiar. “Cómo los atendemos viene a ser un poco el origen del problema”, apuntó.

“Las alternativas de cuidado en familias son solamente el 50 % para el caso de los jóvenes que están en el Sistema de Protección Especial y para quienes tienen una dificultad mucho más marcada, de discapacidad, de salud mental, es solamente el 16 %”, explicó.

Del total de centros consultados del Sistema de Protección Integral Especial, 3 de cada 4 brindan atención a personas en situación de discapacidad. Además, 56,1 % de los centros que trabajan con esta población percibe que más de la mitad de los/as jóvenes tiene su egreso con autonomía comprometido.

Por otro lado, la totalidad de los centros consultados cuenta con jóvenes con trastornos asociados a la salud mental bajo su cuidado y un 34,5 % de los centros percibe que más del 50 % de estos tiene en riesgo su proceso de independización.

“Más del 80 % de los centros puede dar una atención baja, regular, o insuficiente a los procesos de acompañamiento para los jóvenes que viven con estas situaciones”, sostuvo Perlaza, cifras que consideró “alarmantes”.

Una de las conclusiones detectadas es que “no hay un lineamiento general: todos los centros trabajan los procesos de egreso de acuerdo a sus propias metodologías y recursos”, por lo que se requiere que se consolide un criterio único, afirmó el investigador.

Por otro lado, “las independizaciones o los egresos deben ser acordes al desarrollo progresivo de la autonomía” y “deben vincular los servicios de educación, de trabajo, el acceso a los servicios de salud”, aseguró.

Además, indicó que es necesaria la continuidad de la investigación en la materia y una política pública que acompañe al egreso y cuente con un enfoque diferencial para aquellos/as jóvenes que están en situación de discapacidad o tienen un trastorno asociado a la salud mental.